Venezuela aun tendrá que pagar a Exxon por la expropiación de activos

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La suspensión del laudo arbitral que ordena a Venezuela pagar una compensación de 1.400 millones de dólares a Exxon Mobil Corp., no significa que el país no cancelará a la petrolera, y por el contrario podría significar un incremento en el monto a indemnizar.

Así lo señala el abogado y experto en arbitraje Luis Araque Benzo, quien precisa que aun cuando la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) no ha sido dada a conocer y por tanto se desconocen los alcances de la medida, el fallo solo significaría en última instancia, que el caso va nuevamente a arbitraje.

Araque recordó que en 2015 Venezuela pidió la anulación del laudo que condenó a pagar la suma a la petrolera por la expropiación en 2007 de sus activos en la empresa Cerro Negro de la Faja del Orinoco, solicitud que fue aceptada y anuló “partes del laudo”.

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“No se sabe qué fue lo que determinó el tribunal que anuló parte del laudo”, dio el experto, señalando que podría ser algunos aspectos relativos a la demanda o la demanda en sí, por lo que es necesario conocer la sentencia.

Aclaró que una sentencia de nulidad no habla de montos, por lo que no se sabe cuánto deberá cancelar aun la república. De cualquier manera, si la nulidad fuera completa, el caso volvería al tribunal y comenzaría de cero, con lo cual Venezuela pudiera verse condenada a pagar una suma menor.

El conflicto surgió luego que en 2007 el fallecido Hugo Chávez ordenara la expropiación de todas las empresas que operaban en la faja del Orinoco, entre ellas Exxon Mobil, que exigió indemnización por cerca de 10.000 millones de dólares.

El Ciadi falló a favor de la petrolera y convocó un laudo entre las partes para determinar el monto de condena, que en 2014 sentenció el pago por $1.400 millones.

Entretanto, un comunicado del Ministerio de Petróleo celebra la decisión del Ciadi, y llamó tanto a Exxon como a otras petroleras la disposición del país “a seguir trabajando juntos en proyectos energéticos para el desarrollo de Venezuela, en el marco jurídico nacional y del derecho internacional, para el progreso de nuestro pueblo”.

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