El grupo francés Renault utilizó durante 25 años «estrategias fraudulentas» para falsear los tests de contaminación de algunos de sus motores con la complicidad de sus directivos, afirma la agencia francesa antifraude en un informe.
El propio presidente de Renault, Carlos Ghosn, estaría implicado en este «Dieselgate» francés, según el informe. «No ha quedado establecida ninguna delegación de poder» de Ghosn en este caso, según la agencia, que le atribuye la «responsabilidad» en el presunto fraude.
Renault reaccionó de inmediato y «desmintió formalmente» las acusaciones. «Renault no hace trampas (…) Todos los vehículos fueron homologados de acuerdo con la reglamentación en vigor» afirmó por teléfono a la AFP Thierry Bolloré, vicepresidente de la compañía.
La agencia, que depende del ministerio de Economía, sospecha que el fabricante francés creó, igual que el alemán Volkswagen, un programa informático «cuyo objetivo era falsear los resultados» de las pruebas anticontaminación de sus vehículos.
El documento fue adelantado el domingo por el diario Libération. El análisis de la agencia se centra en los modelos recientes de Renault pero a partir del testimonio de un extrabajador. Según el ministerio algunas prácticas remontan a 1990.
«Varios vehículos estaban equipados con dispositivos de detección» que permitían al automóvil detectar si estaba superando los límites de los tests de verificación.
Si era el caso, el programa informático adaptaba el funcionamiento del motor para que emitiera menos contaminantes, según el extécnico, que abandonó el grupo en 1997. La primera generación de Clio, comercializada en 1990, con motores de gasolina, ya usaba este programa, según él.
Tras estas revelaciones, las acciones de Renault en la bolsa de París cerraron perdiendo 3,67%, en un mercado casi estable.
El informe, entregado en noviembre, contribuyó a que el 12 de enero pasado la fiscalía de París abriera una investigación a Renault por «engaño en las cualidades sustanciales y los controles efectuados».
Las sospechas contra Renault recuerdan el escándalo Volkswagen, cuando el grupo alemán reconoció en septiembre de 2015 haber equipado once millones de sus vehículos diésel con un programa para manipular los resultados de los controles anticontaminación.
El caso, surgido en Estados Unidos, ha costado hasta ahora al gigante alemán 23.000 millones de dólares.
Según Frédérik-Karel Canoy, abogado de la acusación particular en el caso Renault, «estos hechos muy graves requieren una respuesta judicial que, según el código penal, prevé una compensación integral».
«Pedimos el reembolso del vehículo implicado al precio de compra, tomando en cuenta también el perjuicio moral y los gastos de abogados», indicó el abogado, que ha creado una web para recibir denuncias por el caso. AFP
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