Entre seis y ocho años de prisión pudieran enfrentar los responsables de haber lanzado bombas lacrimógenas contra manifestantes, una práctica que está prohibida por convenios internacionales y sustentada en la Ley de Aeronáutica Civil nacional.
Este lunes 11 de abril, un video aficionado dejaron constancia que desde un helicóptero militar fueron lanzadas bombas lacrimógenas -de paso vencidas- contra manifestantes de la oposición, que por cuarta vez en 10 días intentaron llegar hasta la Defensoría del Pueblo para exigir la destitución de magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Según el artículo 60 de dicha ley, está prohibido «El lanzamiento de cosas o sustancias, desde aeronaves u otros objetos que sin ser aeronaves utilicen el espacio aéreo, salvo lo previsto en el ordenamiento jurídico».
De igual manera, el artículo 141 establece que «El que lance cosas o sustancias nocivas desde una aeronave o desde cualquier objeto que sin serlo utilicen el espacio aéreo, será castigado con prisión de seis a ocho años, a excepción de lo establecido en la normativa técnica respectiva».
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De igual manera, el artículo 127 establece que «El comandante o piloto al mando de una aeronave será sancionado con multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.), por arrojar o dejar que se lancen objetos o lastre desde la aeronave que comanda cuando se encuentra en vuelo».
Tras conocerse que el hecho, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reconoció la gravedad del suceso y rechazó que desde «el aire de objetos contundentes para dispersar manifestantes: pudieran ocasionar víctimas fatales”.
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