Fiscalía brasileña investigará a 4 ex presidentes y 9 ministros por caso Lava Jato

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Tres años después de que la policía irrumpiera en una gasolinera brasileña siguiendo el rastro de negocios ilegales de cambio, la operación «Lava Jato» (lavadero de autos) se ha convertido en uno de los mayores casos de corrupción de la historia, con ramificaciones en decenas de países.

En base a confesiones de ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, la corte suprema aceptó abrir investigaciones sobre cuatro ex presidentes, nueve ministros del gobierno del presidente Michel Temer, 29 senadores, al menos 40 diputados y tres gobernadores.

Este proceso histórico alcanza a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado y a cuatro exmandatarios: el hoy senador Fernando Collor, y otros tres que no tienen fueros y cuyos casos serán decididos en cortes inferiores: Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

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Los delitos recurrentes son corrupción pasiva y activa, crímenes contra el sistema financiero, formación de organización delictiva y lavado de dinero.

El esquema consistía, según la fiscalía, en «empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas».

La mayoría de los investigados están ligados al PT, al PMDB, al PP y al PSDB (centro) del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

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Un estudio de la Policía Federal indicó que el perjuicio total por el fraude asciende a 42.000 millones de reales (unos 13.500 millones de dólares) solo en Brasil.

La Justicia pidió un resarcimiento de 38.100 millones de reales y busca recuperar 3.950 millones en activos desviados: 756 millones están en fase de repatriación y 3.200 millones fueron bloqueados judicialmente a los acusados.