Asamblea Nacional declara «crisis humanitaria» de alimentación

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El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró este martes una «crisis humanitaria» de alimentación en el país, que denunciará ante Naciones Unidas y la OEA, reseñó EFE.

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«La Asamblea Nacional declara la existencia de una crisis humanitaria en materia alimentaria (…) Acuerda requerir de todos los órganos del poder público que adopten medidas urgentes para combatir el hambre que aqueja al pueblo», señala un documento aprobado por la bancada opositora.

El Legislativo creará una comisión que identificará «fuentes de cooperación internacional para combatir el hambre», incorporando a Cáritas Venezuela, delegaciones diplomáticas y organismos internacionales.

«Se enviará copia (del acuerdo) al secretario general de la Organización de Estados Americanos (Luis Almagro), al secretario general de Naciones Unidas (Antonio Guterres)», indica el texto.

Venezuela atraviesa una aguda crisis económica caracterizada por una escasez de alimentos, que firmas como Datanálisis estiman en 68% en productos básicos, y una inflación que podría llegar a 1.660% este año, según el FMI.

El Parlamento argumenta que el modelo económico del gobierno, «basado en estatismo y expropiaciones arbitrarias», colapsó la producción nacional y generó «una inflación de 700% y una escasez sobre 90%».

Unos 9,6 millones de venezolanos -casi un tercio de la población- ingieren dos o menos comidas diarias, y la pobreza por ingresos aumentó casi nueve puntos entre 2015 y 2016, a 81,8% de los hogares, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida, realizada por un grupo de universidades.

Pero el presidente socialista Nicolás Maduro asegura que en 2016 la pobreza en el país con las mayores reservas petroleras del mundo bajó de 19,7% a 18,3%, y la miseria de 4,9% a 4,4%.

La Asamblea exigió además a Maduro «la inmediata sustitución de Rodolfo Marco Torres como ministro de Alimentación».

La Cámara ya había aprobado un «voto de censura» contra el funcionario el 28 de abril de 2016, pero Torres permaneció en su cargo aduciendo que la medida era ilegal.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró «nulas» todas las decisiones del Parlamento por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados opositores acusados de fraude electoral.

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