España continúa la investigación por blanqueo de capitales de PDVSA

Actualmente se investiga a la esposa del viceministro venezolano de Desarrollo Eléctrico y presidente de Electricidad de Caracas, Javier Alvarado Ochoa

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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha interrumpido este miércoles la declaración como testigo de Ceciree Carolina Casanova en el marco de la causa que investiga el saqueo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el posible blanqueo de esos fondos en España, ya que va a estudiar su posible imputación.

Según han informado fuentes jurídicas, Casanova es administradora única de la sociedad Cocuiza, que abrió en marzo de 2012 y en mayo de ese mismo año recibió una ampliación de capital de casi 800.000 euros, dinero del que se desconoce su procedencia. Los investigadores sospechan que esta empresa, que no tiene actividad, fue utilizada para blanquear fondos de la petrolera.

Casanova es pareja del que fuera viceministro venezolano de Desarrollo Eléctrico y presidente de Electricidad de Caracas Javier Alvarado Ochoa, imputado en esta misma causa por supuestamente recibir sobornos en el marco del saqueo de la petrolera.

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Por eso, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha interrumpido la comparecencia de Casanova, ya que los testigos –que tienen obligación de decir verdad– están exentos de declarar en contra de familiares. En este punto, la Fiscalía Anticorrupción ha adelantado su intención de solicitar la imputación de la mujer –los investigados sí pueden negarse a contestar o incluso mentir– para que pueda ser asistida por un letrado.

VOLVERÁ A SER CITADA

Según las fuentes consultadas, el Ministerio Público presentará un escrito justificando la petición de investigación y la magistrada lo estudiará, tras lo cual tomará una decisión. Si finalmente es imputada, Casanova será citada de nuevo a declarar en la Audiencia Nacional.

Este miércoles también había sido convocado el presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, si bien envió un escrito al juzgado en el que comunicaba que no acudiría dado que pesa sobre él una orden de búsqueda de Estados Unidos, país al que no quiere ser entregado.

A pesar de ello, Gorrín subrayaba que quiere declarar ante Tardón y proponía hacerlo por videoconferencia. La juez ha consultado sobre esta cuestión a las partes personadas –Anticorrupción aún tiene que pronunciarse– para tomar una decisión al respecto.

TOMOS EN EL JUZGADO 41

Esta causa, que investiga a más de una veintena de ex altos cargos ‘chavistas’, funcionarios y empresarios de Venezuela por integrar supuestamente una organización criminal para el saqueo de PDVSA y otras empresas públicas y el posterior blanqueo de esos fondos, comenzó en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Sin embargo, el pasado mes de octubre la Audiencia Nacional asumió la investigación por tratarse de delitos de organización criminal para la comisión de actos de corrupción y defraudación realizados en Venezuela y en otros países cuyos beneficios estarían aflorando en parte en España, donde residen, además, varios de los imputados.

Pero a día de hoy, meses después de la inhibición, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, aún no ha entregado la totalidad de las actuaciones a la magistrada Tardón a pesar de no tener ya competencias para investigar, según fuentes jurídicas.

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