El procurador de la República, José Ignacio Hernández, designado por Juan Guaidó, colocó su cargo a la orden luego que los partidos Primero Justicia y la fracción 16J se abstuvieran de apoyar la aprobación del fondo para litigios por parte de la Asamblea Nacional.
De interés: Maduro: “Tenemos que involucrar al sector zapatero con el petro”
«Para facilitar los consensos necesarios para avanzar en esta acción, pongo a su disposición el cargo de Procurador Especial de la República», explicó en el documento.
En un comunicado expresó que «las razones jurídicas que justifican la creación del señalado fondo han sido exhaustivamente expuestas en distintas opiniones presentadas desde septiembre, y ampliamente debatidas en la Asamblea Nacional, las juntas ad-hoc de PDVSA y el BCV, así como las distintas comisiones creadas al respecto. El resumen de estos análisis quedó resumido en la opinión PER-331 de 29 de enero (…) No creo preciso ahondar en estas razones jurídicas, pero sí quiero enfatizar, como lo he advertido desde hace meses, que el cumplimiento de la misión de la Procuraduría Especial exige reglas de gobernanza que, a la fecha de hoy, no existen».
Destacó la negativa por parte de las fracciones de Primero Justicia (PJ) y la fracción 16J de aprobar dichos recursos.
«Entiendo que en la forma en la cual se presentó y aprobó el Acuerdo el 28 de
febrero de 2020, ha generado opiniones adversas en algunas organizaciones políticas que
salvaron su voto, en concreto, Primero Justicia y la Fracción 16J. Aun cuando no seguí el
debate ni he leído las razones de tal disidencia, entiendo que se alegaron infracciones a
las reglas del debate, así como dudas en cuanto al control de los fondos para el pago de
litigio. Lamentablemente, esto causó diversas noticias adversas sobre el manejo del fondo
-que como se sabe, ni siquiera ha sido ejecutado», dijo.
Detalló que como Procurador Especial, «he de lamentar que, tras más varios meses de
explicaciones, comunicados, informes y reuniones, incluyendo conversaciones con
diputados y líderes de los principales partidos políticos, no se ha haya generado el
consenso político necesario para permitir cumplir con la función de la Procuraduría.
Como advertí reiteradamente, este retraso obstaculizó la defensa de los intereses del
Estado, creó riesgos innecesarios en la protección de los activos del Estado y creó
innecesarias ventajas a los abogados de los acreedores y del régimen de Nicolás Maduro,
quienes no se enfrentaron a las limitaciones que he tenido que afrontar».
Dejó en claro además que «no puedo cumplir la función de Procurador si no cuento con el respaldo de un Gobierno, y como es conocido, un Gobierno que no ejecuta gasto -con todos los controles imperativos y bajo el principio de rendición de cuentas- no es Gobierno».
A continuación el documento:
