Saab dicta orden de aprehensión contra 8 personas por desfalco de 1,7 millones de dólares del BCV

Según el fiscal general del régimen madurista, valoraron en 900 dólares cada caucho, con medidas que no usan los vehículos del BCV, cuando su precio en el mercado era de 60 dólares. La mercancía nunca fue entregada

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El fiscal general designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó este viernes que se dictó orden de captura a ocho personas presuntamente implicadas en un desfalco en el Banco Central de Venezuela (BCV).

William Saab manifestó que la investigación penal comenzó el pasado diciembre tras la denuncia del presidente del BCV, Calixto Ortega, sobre una serie de pagos realizados a las empresas Corporación Líder Plus 080, Corporación Arealíder y Textiles Siempre Líder, que no fueron contratadas por el ente emisor.

Las irregularidades se detectaron cuando un trabajador del BCV detectó sobreprecio en el costo unitario de unos neumáticos en una factura emitida por la ‘Corporación Líder Plus 080’ al BCV.

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Según el fiscal general del régimen madurista, valoraron en 900 dólares cada caucho, con medidas que no usan los vehículos del BCV, cuando su precio en el mercado era de 60 dólares. La mercancía nunca fue entregada.

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La investigación interna determinó que el jefe del Departamento de Pagos y Tributos del BCV, José Rubén Albornoz Pirela, en complicidad con otros dos trabajadores, forjó expedientes de adquisición de bienes, que no cumplieron con los trámites establecidos e hizo los pagos a las empresas.

Las tres empresas involucradas recibieron siete pagos, tramitados con expedientes forjados, por un monto de 1,7 millones de dólares, apróximadamente.

Por estos hechos, se solicitaron órdenes de aprehensión contra los representantes legales: Naim Saade y José Antonio Saade (Corporación Líder Plus 080 y Textiles Siempre Líder); Eneida Ottamendi (Corporación Líder Plus 080); Sabrina Musso Navas y Antonio Jaén Núñez (Corporación Arealíder).

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Por el BCV, los imputados son: José Albornoz, jefe del Departamento de Pagos y Tributos; José Alberto Hidalgo, asistente administrativo y Robin Sanabria, analista, ambos del Departamento de Compras y Suministros.

Los delitos que se les atribuyen son «lucro ilegal en acto de la administración pública, aprovechamiento o distracción de fondos públicos, asociación para delinquir y legitimación de capitales».

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