Justicia española estudia si extradita a EEUU al viceministro de Energía venezolano Alvarado Ochoa

Es reclamado por una veintena de delitos de corrupción que habría cometido desde su puesto como presidente de Bariven, filial de la estatal Petróleos de Venezuela 

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La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España celebra este jueves la vista de extradición del exviceministro de Desarrollo Energético de Venezuela Javier Alvarado Ochoa a Estados Unidos, que le reclama por una veintena de delitos de corrupción que habría cometido desde su puesto como presidente de Bariven, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Alvarado Ochoa, que está ya investigado en la Audiencia Nacional en relación a sobornos de la empresa de ingeniería Duro Felguera, fue detenido el pasado mes de mayo en Madrid y enviado a prisión provisional por el Juzgado Central de Instrucción número 4 a instancias de un tribunal de Texas, donde el pasado 24 de abril se presentó acusación formal contra él por diversos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo.

Las propias autoridades estadounidenses pedían a España que le recluyese en prisión en tanto resolviese la entrega ante “un riesgo importante de fuga” ya que “tiene medios sustanciales y recursos para huir si así lo deseara”, como una “extensa red de contactos extranjeros” en países como Venezuela, Portugal, Suiza y Andorra, según el escrito de reclamación al que tuvo acceso Europa Press.

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Además de alto cargo público, Alvarado fue presidente de la empresa Bariven, una filial propiedad de PDVSA y según la acusación formulada por Estados Unidos, en 2011 “se involucró en una conspiración con un grupo de directivos de alto nivel actuales y anteriores” de la petrolera y sus subsidiarias que solicitaron a varios proveedores, incluidos algunos con sede en EEUU, “sobornos y coimas a cambio de brindarles asistencia en sus negocios” con Petróleos de Venezuela.

Se trata de la misma red por la que fueron declarados culpables en Estados Unidos Roberto Rincón y Abraham Shiera en relación al pago de sobornos y por la que aquel país solicitó, aunque sin éxito, la extradición del exministro venezolano de Energía Nervis Villalobos, a quien la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió no extraditar para evitar dilaciones en otra causa que se instruye contra él en España.

CINCO MILLONES DE DÓLARES EN TRANSFERENCIAS

Todos ellos serían intermediarios y proveedores tras los que estaría Alvarado, según la acusación estadounidense, que transcribe a modo de ejemplo algunas conversaciones para dejar ver que él “revisaba y aprobaba” distintas operaciones de movimientos de fondos que tendrían como destino el pago de los sobornos previstos.

Después, “blanquearon las ganancias del plan de soborno a través de una serie de transacciones financieras complejas”, siempre según la acusación. Sostiene que “Alvarado y sus cómplices solicitaron asistencia para abrir cuentas bancarias de banqueros suizos y portugueses para canalizar los sobornos desde, hacia y a través de múltiples destinos antes de llegar a su destinatario final”.

“Los pagos de los sobornos se enviaron a varios destinatarios distintos de los directivos de PDVSA previstos, incluidas empresas, intermediarios, familiares, amigos, acreedores y asociados personales cercanos de los directivos de PDVSA así como a empresa controladas por Alvarado con el propósito de ocultar y disfrazar la naturaleza, la fuente y propiedad de los pagos”, dice el escrito de la orden internacional de detención. En total, constan movimientos por cerca de cinco millones de dólares.

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