La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha aceptado asumir la causa contra los altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos investigados por integrar una organización criminal para el saqueo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras empresas públicas que se venía siguiendo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora asume el argumentario de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la inhibición al juzgado ordinario por tratarse de delitos de organización criminal para la comisión de actos de corrupción y defraudación realizados en Venezuela y en otros países cuyos beneficios estarían aflorando en parte en España, donde residen además, varios de los imputados.
«La organización se estructura a partir de un reparto de papeles entre sus miembros, en atención a la condición de funcionarios que algunos de los investigados (particularmente Alvarado Ochoa, actualmente con nacionalidad española, y el jefe de seguridad de la petrolera, Rafael Reiter) tenían y desempeñaban en la compañía Bariven (filial de PDVSA) y la propia PDVSA, que les confería la competencia de emitir decisiones en favor de los demás querellados», expone la juez.
Otra parte de los investigados son los empresarios que se veían beneficiados de la «actuación prevaricadora de los funcionarios, malversando en patrimonio de los venezolanos» sin embargo, conforme detalla el auto, falta por determinar y es objeto de la investigación, qué personas físicas y jurídicas integran cada «estrato» de la organización.
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