CNP exige al gobierno respeto para los periodistas

Colegio Nacional de Periodistas pide a la Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo inicien una investigación inmediata de los hechos ocurridos en El Guarataro

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La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Distrito Capital, condena las agresiones sufridas por los equipos periodísticos de VPITV y EVTV MIAMI, el sábado 21 de septiembre en El Guarataro, en la parroquia San Juan, por parte de miembro de un colectivo oficialista.

A través de un comunicado el Colegio Nacional de Periodistas alertó al gremio periodístico y a la sociedad civil sobre las permanentes acciones que el régimen venezolano promueve contra el libre ejercicio profesional del periodismo en Venezuela; buscando atemorizar a la prensa libre con actuaciones de cuerpos policiales y civiles en detrimento del derecho de la sociedad a ser informada.

Los directivos del CNP sostienen que este es un nuevo ataque contra el ejercicio profesional del periodismo por parte de un sistema de gobierno que no cree en la libertad de prensa; limitando el sagrado deber de informar que tenemos los periodistas.

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El gremio insiste en denunciar que en Venezuela la agresión y hostigamiento a la prensa libre se ha convertido en una política de estado, representando un grave atentado contra las libertades de expresión, prensa e información, lo que se traduce en una violación flagrante a los principios democráticos establecidos en nuestra carta magna.

Leer más: http://Agredidos por colectivos seguidores de Juan Guaidó en El Guarataro

El compromiso de los periodistas, expresa el comunicado, es mantener al pueblo informado, por ello, más allá de ser un atentado contra las libertades de expresión, información y prensa; es un acto criminal contra los periodistas quienes ejerciendo su profesión constantemente son agredidos por autoridades y grupos civiles afectos al gobierno.

El CNP Caracas rechaza unánimemente la agresión a los periodistas y exige  el cese inmediato de todas las acciones coercitivas contra la labor profesional de los comunicadores sociales.

Exigimos al Gobierno Nacional garantías para el libre ejercicio del periodismo y respeto a los poderes públicos y exhortan a la Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo a iniciar una investigación inmediata que pueda determinar responsabilidades ante estos hechos, logrando sanciones para los responsables de los mismo

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