Por medio de un comunicado el gobierno interino de Venezuela recordó que la República adeuda 1.400 millones de dólares a Crystallex por expropiación de sus bienes en el país en el año 2008 bajo gestión pública del fallecido Hugo Chávez.
El juicio para reclamar el pago de esta deuda inició en 2017 y el régimen de Nicolás Maduro, «sin la debida autorización de la Asamblea Nacional», se comprometió a cancelar «400 millones de dólares para subsanar el reclamo de la empresa canadiense».
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Sin embargo, «desde el momento en que el Presidente (E) Juan Guaidó asumió la representación legítima del gobierno, en enero de 2019 (…) el juicio de Crystallex en contra de la República había avanzado desfavorablemente, y el laudo arbitral del 2014 nos condena a indemnizar (reparar) a la empresa demandante por más de 1.200 millones de dólares, producto de la expropiación realizada por el régimen de Hugo Chávez», expropiación que no fue saldada.
No obstante, el Tribunal de Delaware permitirá al gobierno del Presidente (E) Juan Guaidó «volver a plantear alegatos en primera instancia, lo que podría reabrir el debate judicial sobre el caso desde su inicio».
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