Europa podría sancionar a los responsables de torturas y abusos en Venezuela

Federica Mogherini indicó que el informe Bachelet es una clara muestra de las violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela

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La Unión Europea ha abierto la puerta ese martes a iniciar el trabajo de cara a sancionar a los responsables de torturas y abusos en Venezuela tras respaldar los hallazgos del informe elaborado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que apunta a violaciones de los Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas y la muerte «trágica» del capitán de corbeta Rafael Acosta tras ser torturado mientras estaba en custodia policial.

«La UE está lista para empezar a trabajar hacia la aplicación de medidas dirigidas contra aquellos miembros de las fuerzas de seguridad implicadas en tortura y otras violaciones graves de los Derechos Humanos» a la luz de «la grave situación» relatada en el informe de Bachelet, ha asegurado la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en un comunicado previamente consensuado con los Veintiocho.

La Unión, ha dejado claro Mogherini, apoya «con fuerza» los «hallazgos» de su informe, que «confirma de forma clara y detallada la seriedad y alcance de las violaciones de Derechos Humanos, la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país» y ha lamentado que «la trágica muerte» del capitán Acosta «mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad es un ejemplo crudo del deterioro continuado de la situación de los Derechos Humanos».

La alta representante ha reclamado al régimen «un cese inmediato de las violaciones generalizadas de los Derechos Humanos» y que coopere «plenamente» para aplicar las recomendaciones del informe, al tiempo que ha subrayado la disposición de la Unión de «asistir» a Bachelet en «sus esfuerzos para garantizar que los derechos fundamentales de todos los venezolanos sean plenamente protegidos».

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, pidió este lunes a sus socios explorar sanciones «precisas y concretas» contra los miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas responsables de «muertes trágicas» como la de Acosta, tras defender que, aunque la prioridad es que el proceso de Oslo no fracase, las negociaciones «no pueden ser un escudo protector para personas que se han identificado, parece ser, como los responsables de un acto tremendo, preciso, que tienen que ser objeto de sanciones precisas y concretas».

En el texto, la UE ha reiterado la urgencia de encontrar una solución política a la crisis venezolana, que sólo puede alcanzarse a través de nuevas elecciones presidenciales «libres y justas», con observación internacional, y ha apelado a «una implicación genuina y la flexibilidad necesaria para alcanzar urgentemente un resultado» tras subrayar su apoyo a la reanudación en Barbados de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición auspiciadas por Noruega.

El bloque defiende que el proceso de Olso «debe seguir siendo el principal canal para superar la crisis» pero ha avisado a Caracas de que la UE ampliará sus sanciones «dirigidas» en caso de que «no haya resultados concretos de las negociaciones en marcha».

«Estas medidas pueden revertirse en caso de un avance sustancial hacia el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en Venezuela«, ha subrayado Mogherini, tras defender que «la reinstitucionalización de los poderes públicos relevantes» constituye la base para la reconciliación nacional y la recuperación económica de Venezuela.

La dirigente italiana ha denunciado el «fuerte» impacto de la crisis política y el colapso económico en Venezuela para la población y la región en su conjunto, como demuestra el hecho de que cuatro millones de venezolanos hayan huido del país.

En todo caso, la Unión continuará sus esfuerzos para apoyar «una senda electoral pacífica» para salir de la crisis venezolana, incluido a través del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela (GCI) y su asesor especial, Enrique Iglesias y ha reclamado más cooperación entre los diferentes actores a nivel internacional para apoyar «una solución negociada» que permita elecciones «libres y justas».

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