El régimen de Nicolás Maduro objetó el informe presentado por la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, en la cual se reconoce la violación de los DDHH en Venezuela.
“No es objetivo, ni imparcial; un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos”, se excusa la dictadura.
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Argumentaron que la venta de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción es un favor al bolsillo de los venezolanos.
La dictadura enalteció que el Estado venezolano todavía subsidia los servicios públicos, pese a las evidentes deficiencias de los mismos -falta de transporte público, gas, agua potable; deficiencia eléctrica-.
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“El informe acusa al oficialismo de desarrollar una política de represión y persecución de la disidencia. Este señalamiento resulta falso”, alegaron y añaden que la “inmensa mayoría” de los hospitales tiene plantas eléctricas.
Tampoco existen presos políticos, a criterio del gobierno socialista. “El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas ‘por motivos políticos’. Esta recomendación resulta inaplicable y, por tanto, equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”.
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