Venezuela vivió con los apagones eléctricos del mes de marzo, un hecho inédito, al menos para la región capital (considerada por algunos intocables en materia del deterioro sistemático de los servicios), pues por aproximadamente 13 días, hogares y empresas enfrentaron no solo un apagón, sino también una aguda desinformación y un colapso en los sistemas de pago hasta ahora desconocido.
En medio de ese colapso también se exacerbó el uso de las divisas como medio de pago por las restricciones operativas que impidieron que los venezolanos acudieran a sus haberes en bolívares.
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Paradójicamente, en medio del apagón se registró una de las inflaciones semanales más bajas desde 2018, como resultado, en parte, del abaratamiento de la divisa por el ajuste del mercado a esta inusual inyección informal de dólares y de la necesidad de los comerciantes de dar una mayor rotación a un inventario explosivo en términos de costos.
Frente al referido panorama la población empezó a hablar cada vez más de un esquema de dolarización informal en el que incluso personas y entes sin experiencia previa
comenzaron a involucrarse con mayor frecuencia, reviviendo el debate de la dolarización como esquema de política ideal para mermar la crecida de los precios.
Pero, ¿es esto una dolarización?
En estricto rigor, no. Aún en una dolarización de facto (parcial), lo característico es la ausencia de fricciones para realizar transacciones en divisas, a pesar de que el dólar no se establezca como numerario legal. Esto no ocurre en Venezuela. Ciertamente, tras el último convenio cambiario de septiembre de 2018, se han añadido licencias a operaciones con divisas anteriormente vetadas. Así, por ejemplo, los contratos en divisas han adquirido legalidad, mientras las partes así lo requieran, o se autoriza la adquisición de divisas en efectivo a través de los bancos, que fungen nuevamente como operadores cambiarios.
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Por otro lado, el tan nombrado Sistema de Mercado Cambiario se vendió como un mecanismo que gozaría de plena libertad en sus negociaciones, por lo que la economía se beneficiaría de una mayor oferta de dólares.
Sin embargo, el uso de la divisa aún mantiene un aura de limitación (o ilegalidad bajo la actual normativa) que no permite la circulación plena de los dólares, tal como en otros contextos de dolarización. Lo que ha ocurrido en Venezuela es más el uso del dólar como mecanismo natural frente a la hiperinflación, porque aún no existe un marco jurídico que permita la plena adopción del dólar como referente único de precios o medio de cambio; los bancarizados con cuentas en divisas aún denuncian restricciones; las empresas no facturan en divisas.
Por otro lado, el Dicom sigue pesando mucho en la forma como ingresan los dólares oficiales a la economía, algo que, de facto, no permite una plena movilidad de capitales que si encuentra amparo en la dolarización. En otras palabras, hablar de una dolarización en medio de estas fricciones no parece ser del todo correcto.
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Mientras tanto, compradores y vendedores tienen más incentivos para adquirir bienes en dólares, aunque por motivos fundamentalmente distintos: los primeros para gastar, los segundos para ahorrar. Ello tampoco es del todo nuevo. Con el auge de la hiperinflación los venezolanos buscan las divisas para reducir las pérdidas en sus ingresos reales.
El economista Luis Arturo Bárcenas explica que el bajo costo de la divisa oficial con respecto a su cotización en el mercado paralelo juega en contra del proceso de dolarización, pues cada vez será mayor la fracción de divisas necesaria para adquirir la misma canasta de bienes (el tan hablado encarecimiento de la vida en dólares).
Un peligro latente si se masifica el uso de las divisas es que las transacciones muten hacia una barrera “natural” a la adquisición de algunos bienes y servicios.
¿Es la dolarización un medio de pago seguro?
Desde que la inflación superó los dos dígitos y ganó volatilidad, la compra y venta de divisas ha sido habitual en Venezuela, aun cuando las condiciones macroeconómicas de 2010 brindaron a los venezolanos mecanismos para mantener, en términos durables, acervos en bolívares. Debido al control cambiario, los mecanismos para adquirir divisas estaban en su mayor parte bajo el control del sector público, lo que añadía “seguridad” a las operaciones, aún con la discrecionalidad que las caracterizaba.
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Ahora, con esta dolarización “informal”, no existen protocolos de seguridad entre las empresas (o particulares) que garanticen la legalidad de los fondos o que faciliten la contraloría personal de estos sobre sus activos. Los comercios no disponen formalmente de mecanismos que les permitan gestionar sus inventarios con divisas y esto entorpece aún más la vigilancia. finita, por lo que queda de parte de los hacedores de política acelerar el debate y evaluar las acciones (económicas y políticas) plausibles en aras de evitar la escalada de esquemas heterodoxos que distorsionen aún más nuestra realidad económica y social. El tiempo apremia. No esperemos otro apagón.
Luis Arturo Bárcenas – Ecoanalítica
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