Desde el 24 de agosto de 2017 el presidente Donald Trump emitió un decreto con el cual se “prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)”, este fue el primero que afectó al país tras un conjunto de sanciones individuales a personeros del gobierno madurista. Hasta los momentos Washington ha aplicado sanciones contra por lo menos 87 funcionarios, exfuncionarios y personas del entorno del mandatario; así como 44 entidades. Las razones esgrimidas por la administración de Trump van desde violación de Derechos Humanos hasta corrupción y narcotráfico.
Las medidas dificultan además la renegociación de una deuda externa estimada en 150,000 millones de dólares y prácticamente expulsó de los mercados financieros al país con la mayor reserva de crudo. Trump vetó además las transacciones con bonos del sector público venezolano y los pagos de dividendos al gobierno de Maduro.
Ya para finales de 2018 los bonos en default sumaban 6,337 millones de dólares y los pagos atrasados 6,986 millones de dólares, según Ecoanalítica.
La analista política Cristabel Cartaya explica que las sanciones aplicadas desde EE.UU. hacia el gobierno de Nicolás Maduro tiene al menos tres dimensiones importantes.
“La primera es sin duda la dimensión económica, y se refiere a los bloqueos individuales realizados por la administración de Trump a los personajes particulares del gobierno madurista pues inciden muy poco en la economía venezolana, aunque el gobierno insista en que son estos bloqueos, cada vez que se anuncian, parte de una mal llamada guerra económica. Esto lo que hace evidente en primer lugar es que tienen cuentas afuera, lo cual es algo muy obvio, además desenmascara la idea patriota y nacionalista que intentan insertar en su electorado; y además mella las posibilidades de seguir teniendo maniobra política”.
Explica que las sanciones que son contra Petróleos de Venezuela si tienen un efecto sobre la economía “fundamentalmente mente porque nuestro intercambio comercial se basa en petróleo y la previsión de usar la divisa para negociar con el país si supone un golpe duro, que por supuesto propicia que el Estado se alinee de una forma más directa con China y Rusia al verse cercado en vista de poseer otras opciones ideológicas que lo apoyen”.
Argumenta que esto trae como consecuencia que los índices de hambre y escasez se acentúen porque la maniobra económica está mucho más sesgada.
“En el campo político estas medidas sancionatorias no han sido muy efectivas a lo largo de la historia, y creo que se ha comenzado a realizar un debate al respecto en EE.UU. Políticamente hablando las sanciones si son de forma unilateral no propician la debacle del régimen como se espera, todo lo contrario, hace que radicalicen y además es usada como un perfecto enemigo para cerrar filas contra el mal llamado imperio. Por tal razón no causa el efecto deseado, si el mismo fuese más global, como por ejemplo de toda la Unión Europea así como el grupo de Lima, pues permitiría dar mayores posibilidades de éxito. Sin embargo cualquier acción externa sin el correcto accionar interno no va a propiciar nada. Presiones externas al país para que pase algo no van a desencadenar en un desenlace fructífero sino tienen una respuesta interna que logre un resultado. Esto será posible solo cuando se logre quebrar a las instituciones que mantienen al madurismo en el poder, las cuales no son más que las filas internas del poder y los militares”.
Un tercer punto al cual le da énfasis Cartaya es el tema comunicacional, donde se ha vendido al bloqueo como la causa principal de los problemas del país. “Lamentablemente la oposición no ha sido muy hábil para vender cuales han sido las razones para la aplicación de esas medidas contra quienes ostentan el poder. El tema de la guerra económica sigue estando en la opinión pública convirtiéndose en una desventaja para la coalición opositora. El bloqueo por sí solo no es efectivo, debe ser usado como un arma de negociación. Si finalmente esto cambia y es usado como incentivo para propiciar la negociación ahí ya tendría un objetivo claro y productivo. Una sanción que espere por sí sola un desenlace me parece que no podrá lograr su cometido”.
Para la analista es innegable que el ciudadano común está sufriendo las consecuencias de las sanciones, y por ende en ese mismo orden beneficia las teorías del madurismo. “Evidentemente al venezolano común también le está afectando el paquete de sanciones, porque además el gobierno vende que el imperialismo pretende quebrar la idea de la izquierda como opción política más allá de acabar con un régimen dictatorial y violador de los Derechos Humanos. Al final el bloqueo le hace un favor al madurismo al momento de la radicalización de su economía y sus ideas”.
Bloqueo como propaganda política y acción criminal
Desde hace semanas, el madurismo a través de su aparato propagandístico, ha insistido que no pueden cumplir con el programa de trasplantes debido a la imposibilidad de transferir los recursos necesarios. “Lamentablemente falleció otro niño venezolano esperando su trasplante de médula ósea como consecuencia del bloqueo criminal de EEUU, que impide transferir fondos a las instituciones italianas de salud con las que PDVSA atendía estos casos urgentes”, escribió el canciller Jorge Arreaza en sus redes sociales.
La primera que negó tales argumentos fue Geraldine, la madre de Roberth, uno de los niños fallecidos: “No es justo, eso no es culpa del bloqueo. Es culpa de ellos mismos por su negligencia, por su falta de conciencia”, insistió.
El coordinador de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, se hizo eco de la situación al recordar como el gobierno insiste en no tener los recursos pero incrementa su gasto militar. “¿Cómo se explica que no hay recursos para trasplantes de médulas a niños por un bloqueo financiero pero sí se aprueban recursos para la producción de ametralladoras?”.
Maduro, en una reciente alocución, aprobó una partida de 56 millones de euros para la dotación militar cuando el programa de trasplantes está suspendido desde 2017, demostrando cuáles son las prioridades de su gestión.
“Aprobé recursos por más de 56 millones para la producción de 786 mil unidades anuales de uniformes militares y la activación de línea de producción de la sub ametralladora Caribe, calibre 9.19mm. Un importante esfuerzo para avanzar en la liberación económica”, sentenció.
Katherine Martínez, de la organización no gubernamental Prepara Familia, dijo que las recientes declaraciones de los funcionarios oficialistas no son una sorpresa. Ya que, las madres de estos niños que esperan por un trasplante han recibido la misma versión desde el 2018 cuando les suspendieron los viajes. Pidió hacer memoria acerca de la demanda que en 2004 Cecodap y un grupo de madres del servicio de hematología del J.M de los Ríos interpusieron ante la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño, Niña y del Adolescente la cual tuvo una sentencia que obliga al Estado a cumplir el tratamiento médico de la más alta calidad para todos los menores con leucemia y otras enfermedades hematológicas.
Martínez insistió en que ya para ese año la situación con los pacientes del servicio de hematología del J.M de los Ríos venía complicándose, sobre todo en el acceso a los medicamentos y reactivos, además, explicó que las organizaciones de Derechos Humanos hablan de una “emergencia humanitaria compleja de instalación lenta” en Venezuela.
Dinero de la República para beneficio personal
La economista Karelys Abarca detalla que son muchas las sanciones que se han hecho incluyendo cuentas de personas del gobierno que cuando se cruza la realidad con este tipo de medidas es fácil darse cuenta que el dinero de la República se ha encontrado en manos de dirigentes que las han usado para beneficio personal. “Esto trajo como consecuencia que los ciudadanos por ende comenzarán a sentir tales efectos como por ejemplo la inexistencia de recursos suficientes para importar medicamentos tan esenciales y la suspensión de programas bandera del Estado en esta materia”.
“En la segunda fase, ,tras la toma de posesión de Guaidó los activos del país en EE.UU. fueron congelados para evitar que fuesen usados por la administración de Maduro, buscando proteger el patrimonio venezolano. Sin embargo, la usurpación no ha finalizado y sigue el madurismo administrando los pocos recursos que hay aunque constitucionalmente se diga que el presidente es Juan Guaidó. Esta situación afecta en gran medida al ciudadano común, ya que, no hay dinero suficiente para importar buena parte de los insumos que se necesitan en los rubros de alimentos y medicamentos. Además se pretende que la gente viva con las remesas para poder sobrevivir. Existe una dolarización de facto en la economía que encarece mucho más la vida de la gente. La inflación sigue siendo un factor prácticamente inmanejable”.
Abarca insiste además que Nicolás Maduro ha usado la precaria situación para “financiarse con la pobreza de la gente”. “Lo hace monetizando el déficit fiscal, es decir, a través de la emisión de liquidez monetaria, que le sirve para apalancar su gasto pero que se traduce en un ajuste inflacionario impagable para buena parte de los venezolanos. El déficit fiscal es casi el mismo que la emisión de liquidez”.
Insiste que de muchas maneras estas medidas han intentado ahorcar el margen de maniobrabilidad del gobierno pero este ha conseguido la manera de trasladar su cuello de botella a la población. “Desde la usurpación Maduro traslada su costo político y económico a los ciudadanos; y esto sucede cuando se secuestra al Estado. El gobierno continúa demostrando que no le importa la calidad de vida de la gente sino mantenerse en el poder al costo que sea”
Además detalla que al igual que Cuba la situación de Maduro en el poder podría seguirse manteniendo por muchos años “sin que se logre el total estrangulamiento que se busca por parte de los EE.UU.”
Para Abarca el oxígeno de Rusia y China es lo que le permite a Maduro conservar esa pseudo estabilidad a nivel geopolítico.
Deterioro previo al periodo sancionatorio
Oscar Torrealba, economista y miembro de Cedice, afirma que los personeros del gobierno de Maduro que utilizan las sanciones por parte del gobierno de EE.UU. como motivo para la crisis “claramente están aplicando la desinformación como estrategia”.
“Es importante destacar que el grueso de las sanciones van dirigidas hacia personajes del Gobierno de Nicolás Maduro. Petróleos de Venezuela (PDVSA) estuvo exportando crudo a EE.UU. hasta hace unos meses por lo tanto no se puede decir que hubo una sanción económica o un bloqueo económico como causante de los problemas del país. Es imposible defender esa tesis, ya que, desde 2017 se vienen aplicando esas acciones mientras la actividad comercial con los Estados Unidos no se había cerrado. La crisis evidentemente se debe a un conjunto medidas erradas y sistemáticas por parte del gobierno, que no solamente van por el lado orden institucional, provocando una caída sistemática del Producto Interno Bruto (PIB) y una debacle del poder real del salario” .
“Cuando uno evalúa los componentes de la crisis venezolana se da cuenta que EE.UU. no inoculó la deuda externa en Venezuela, ni la inflación, ni el desempleo, ni la destrucción del aparato productivo”, explica.
Torrealba insiste que buena parte de la relación económica de Venezuela radicaba sobre la comercialización de crudo y pese a las primeras sanciones sobre PDVSA el intercambio continuó por un buen tiempo.
“Las importaciones de derivados de EE.UU. se dieron porque tenemos un petróleo extrapesado, nuestras refinerías están prácticamente inoperativas y eso motivó que creciera un comercio gigante. Entonces no se puede hablar de un efecto directo de las sanciones de Estados Unidos sobre el país. Un gobierno que pasa por encima de la Asamblea Nacional (AN) y que pretendía continuar haciendo negocios, sin rendir cuentas, con diversas naciones fue cercado con las sanciones, esa es la verdadera acción de estas medidas”.
El economista senior de Ecoanalítica, Luis Arturo Bárcenas, coincide con el punto y argumenta que estas medidas vienen a empeorar el deterioro del país, particularmente notable entre 2014 y 2015. “Tomando las cifras del Fondo Monetario Internacional, la actividad económica del país entre 2014 y 2016 cayó 25 % acumulado. Estamos hablando que eso fue antes de 2017 que fue la sanción más dura sobre PDVSA que consistió en las restricciones en la renegociación de deudas, donde los tenedores estadounidenses rechazaron cualquier emisión adicional. Es decir que la estatal venezolana no tenía posibilidad de financiarse”.
En retrospectiva indica que entre 2015 y 2016 la producción petrolera ya había comenzado a caer a 20 mil barriles por día, en promedio mes, pasando de 2,7 millones de barriles a 2,2 millones.
“En ese mismo periodo el precio del petróleo cayó variando de 44,8 dólares por barril a 35,5 dólares por barril, situación que denota que se estaba sufriendo una fuerte restricción en la generación de divisas, que son a final de cuentas el motor de las importaciones. Es importante recordar que nuestra economía depende grandemente de las mismas para tener los insumos para producir afectando la dinámica de la nación”.
“Hasta diciembre de 2018, cuando ya PDVSA estaba sancionada, entre el 60 % y el 70 % de nuestras exportaciones de crudo fueron dirigidas a EE.UU. De igual forma hasta diciembre también importamos 60 mil barriles de diluyentes de los Estados Unidos número que pasó a 30 mil para luego llegar a cero que es el nivel actual”, explicó.
Bárcenas es enfático al asegurar que dichas sanciones “lo que han hecho es entorpecer aún más a una deteriorada PDVSA en su generación de ingresos”.
“Otro número importante de destacar es que en 2015 el propio Banco Central de Venezuela (BCV) informó que ya las exportaciones petroleras cayeron 52 %, mientras las importaciones cayeron 23 %. En términos de generación de bienes locales ya el país venía sufriendo un deterioro grave porque no tenía las divisas suficientes para importar insumos, no tenía divisas para importar gasolina y no generaba suficiente producción petrolera”.
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Asfixia económica continuada
El 19 de marzo de 2018 la Casa Blanca prohibió a los estadounidenses negociar con el petro, criptomoneda que había lanzado Maduro en febrero de ese año, por considerar que fue creada para eludir las sanciones.
Luego el 21 de mayo de 2018, tras la cuestionada reelección de Maduro, un nuevo decreto de Washington vetó todas las transacciones de deuda con entidades oficiales como PDVSA y el Banco Central, incluidos unos pagarés conocidos como “cuentas por cobrar”. La orden ejecutiva proscribió la venta de acciones o participaciones en cualquier entidad en la que el gobierno venezolano poseyera 50% o más, como Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos.
Tras esas acciones el embargo petrolero inició formalmente el 28 de enero de 2019, cuando se prohibió las operaciones con petróleo venezolano a través de su sistema financiero. La medida empezará a regir el 28 de abril y supone el más duro golpe, pues el crudo financia 96% del presupuesto del país sudamericano. Citgo pudo continuar operando, pero sus ganancias pasarán a una cuenta bloqueada en Estados Unidos, cuyo control Washington entregó al opositor Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente encargado de Venezuela. La respuesta de Maduro fue denunciar la acción como un “robo por parte del imperio”.
Para el 19 de marzo a la minera estatal Minerven por realizar operaciones de oro ilícitas que, argumenta, sostienen al líder socialista.
El 22 de marzo Washington también sancionó al estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y tres filiales en Venezuela; así como a Prodem, con sede en Bolivia, y a Bandes Uruguay.
Las medidas congelaron todos los bienes y activos que estas entidades puedan tener en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, a la vez que prohíben toda transacción con individuos o entidades estadounidenses o en tránsito en el país.
Además el 12 de abril, Trump decretó como “propiedad bloqueada” a 34 embarcaciones de PDVSA y sancionó a dos compañías navieras por enviar crudo de Venezuela a Cuba.
Una de las sanciones que ha complicado el juego del gobierno madurista fue cuando el 17 de abril Estados Unidos vetó todas las transacciones estadounidenses con el Banco Central de Venezuela, lo que cortó automáticamente su acceso a dólares.
Con información de Rafael Arias / El Tiempo
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