El CDH-UCAB condena hechos de violencia y represión en manifestación del #1May

A través de un comunicado condena los hechos de violencia del 1er de mayo.

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El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
condena hechos de criminalización, violencia y represión suscitados el día de hoy en las
manifestaciones pacíficas convocadas a nivel nacional, en el marco de la celebración del
Día Internacional del Trabajo, por la reivindicación de derechos y el restablecimiento de la
vigencia de la constitución de 1999.

Se pudo constatar durante el desarrollo de las manifestaciones diversos actos violatorios
de los derechos a la manifestación y reunión pacífica, libertad de expresión y participación
política, contrariando las obligaciones de respeto y garantía de derechos humanos
contempladas en la Constitución y a los convenios internacionales sobre derechos
humanos suscritos por Venezuela, publica a través de un comunicado.

Organismos de seguridad del Estado y Colectivos Paramilitares reprimieron a la ciudadanía
dejando un lamentable saldo de numerosos detenidos, cientos de heridos, incluyendo
periodistas y profesionales de la prensa y una manifestante fallecida producto de la
criminalización y uso excesivo de la fuerza implementado por los organismos represores.
Recordamos que el artículo 68 de nuestra constitución establece que “Los ciudadanos y
ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos
que los que establezca la ley. [y] Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas
en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos
policiales y de seguridad en el control del orden público.”

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En tal sentido, hacemos un llamado al debido respeto y garantía de los derechos humanos
y exigimos el cese inmediato del uso letal y desproporcionado de la fuerza para control de
manifestaciones, así como que se abran procedimientos de investigación y sanción a los
responsables de las violaciones cometidas.

De igual manera, estimamos que la comunidad internacional de Estados y los órganos
internacionales de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y del
Sistema Universal de Naciones Unidas, deben estar atentos y vigilantes sobre la situación
de derechos humanos en Venezuela y coadyuvar a la protección de las personas
sometidas a la jurisdicción del Estado.

 


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