ENTORNO DIARIO/Consulta Pública

Así pues, da luz verde y garantías a la protesta pacífica y a la huelga de los funcionarios y trabajadores formales del sector público y privado sin requisito previo alguno, lo que puede ser un indicio de que se acercan convocatorias en esa dirección.

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Carolina Gómez-Ávila

Tras haber sido aprobada en primera discusión el 2 de abril pasado, finalmente este 24 de abril está, a la disposición de todos, el texto de la “Ley de Garantías para  funcionarios y trabajadores del sector público y privado y sectores sociales que participen en el restablecimiento de la democracia” en http://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/_ley-de-garantias-para-funcionarios-y-trabajadores-del-sector-publico-y-privado-y-sectores-sociales-que-participen-en-el-restablecimiento-de-la-democracia y, participativa y protagónicamente más importante,  el formato para consignar observaciones en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGlbpAZ4_AIylsnSUm1TFmuA9BRz3x0qEbqy_CwMIb2vC28A/viewform con la intención de que sean tomadas en cuenta para la segunda discusión.

En su Exposición de Motivos, se presenta como un instrumento del “Estatuto de Transición” -fundamentado en la CRBV- y en los Convenios en materia de derechos laborales firmados ante la OIT,  para “proteger y garantizar la estabilidad y condiciones laborales a los funcionarios y trabajadores públicos de los órganos y entes del Estado” e incluye -esto es novedoso- a los del sector privado, “que puedan ser perseguidos o perjudicados por participar en las acciones que se planteen en defensa de la Constitución, el restablecimiento de la democracia y el orden institucional de la nación”, lo cual puede representar un verdadero desafío.

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Lo medular de su articulado son las herramientas que da a cada trabajador del país que participe y defienda el proceso de restitución democrática, con énfasis en quienes hayan sido -o teman ser- objeto de sanciones por retaliación política, intimidación, amenazas, ataques, detenciones o cualquier otro acto discriminatorio. Por eso les garantiza su restitución previa solicitud y demostración ante un órgano especial -por crearse- que se ocupará de recibir, sustanciar y decidir sobre cada caso, y cuyo fallo favorable significará el pago -por parte del patrono (público o privado)- de “salarios caídos y pasivos laborales con los respectivos intereses”.

Así pues, da luz verde y garantías a la protesta pacífica y a la huelga de los funcionarios y trabajadores formales del sector público y privado sin requisito previo alguno, lo que puede ser un indicio de que se acercan convocatorias en esa dirección.

Es de destacar, que un artículo esté especialmente dedicado a garantizar estos derechos a los trabajadores de los medios de comunicación, advirtiendo que serán nulas las acciones de los directivos de estos medios, en contra de sus trabajadores, por divulgar información vinculada con estas acciones, lo que se traduce como un llamado a difundir las convocatorias y los sucesos que en ellas ocurran.

También se destacan dos anuncios: la creación de un Plan de Pleno Empleo dirigido a quienes se encuentran “en situación de migración forzosa, refugiados, asilados y desplazados” que deseen regresar después del cese del régimen usurpador y la próxima instalación de una Comisión Tripartita Nacional que logre un Acuerdo Nacional sobre  condiciones y relaciones laborales para recuperar el trabajo decente y poder adquisitivo en el sector público y privado.

El reto es legitimar esta iniciativa a través de la participación en la Consulta Pública, disponible en el enlace indicado arriba. La oportunidad es introducir observaciones propias, siempre que sean pertinentes y sustentadas. El Ejercicio Ciudadano propuesto es revisar el texto de la Ley y sopesar las implicaciones que tendrá su articulado para lograr el apoyo de la masa laboral en la recuperación de la democracia.

Una contribución de FormaCiudadanos.

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