Carolina Gómez-Ávila
El 16 de abril tuvo lugar una sesión de la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional en su sede administrativa, al final de la cual se presentó un resumen de los temas tratados: el informe del diputado Miguel Pizarro sobre el ingreso de la ayuda humanitaria, tema que le compete en tanto presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria; la puesta en marcha del Servicio Estadístico de la Asamblea Nacional, por parte del diputado José Guerra, de la Comisión de Finanzas; el informe sobre la vinculación de la crisis venezolana con el hecho de que la misma represente una amenaza para la paz y seguridad de la región, a cargo del diputado Ángel Medina, presidente del capítulo venezolano de Parlatino; el acuerdo que ratifica el de Ginebra de 1966, para rechazar la demanda iniciada por Guyana por la reclamación del Esequibo y su Fachada Transatlántica y la propuesta de “Ley de Protección del Ejercicio del Periodismo” a cargo de la Comisión de Medios de Comunicación.
Estas 5 materias se añaden al Proyecto de Ley de Garantías Laborales, sobre la mesa desde el 2 de abril pasado y actualmente en fase de consulta pública, aunque a la hora de entrega de estas líneas no está disponible para su lectura y/o descarga en el sitio web de la Asamblea Nacional, fuente oficial de los documentos de ese órgano.
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El seguimiento de los actos legislativos es probablemente la tarea más trabajosa en el ejercicio de la ciudadanía y la más delicada porque los ciudadanos que no están en alerta, suelen enterarse de los asuntos cuando ya no pueden participar porque el tema ha sido cerrado. Pero este seguimiento y la presión que hagamos durante las discusiones -no cuando ya son cerradas- nos permiten incidir sobre los resultados.
El reto es hacer seguimiento en un entorno censurado, con operadores políticos manipulando noticias y con deficiencias en las comunicaciones oficiales del Poder Legislativo. La oportunidad es estrechar lazos con los diputados para eficiencia (en términos de tiempo, de oportunidad), en la difusión institucional. Es importante tener en cuenta que no todos los diputados de la coalición opositora estarán realmente interesados en difundir textos íntegros, especialmente si los han adversado o no son ellos los proponentes. El Ejercicio Ciudadano propuesto es la contraloría social a medios de comunicación y a los representantes a la Asamblea Nacional, a quienes debemos recordar que la difusión oportuna de los actos de Gobierno forma parte del principio republicano de transparencia.
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