Colectivos son usados como instrumentos de Maduro para exonerar al Estado de violaciones a los DDHH

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Nicolás Maduro optó por redimensionar el sistema represivo que lo resguarda. Ahora su aparato de choque se ha incrustado en el esquema construido por al menos dos décadas,  cuyo centro reside en la corrupción. El sistema madurista está compuesto por: La Guardia Nacional (GNB) la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), la Milicia Bolivariana y los colectivos. Los cuatro primeros cuerpos poseen un revestimiento formal. Al menos en su forma jurídica, son órganos del Estado. Se financian con fondos públicos. Esta característica obliga a Maduro a guardar algunas apariencias a los ojos de los organismos internacionales.

En cambio los colectivos, llamados ahora “cuadrillas de paz” representan a Irregulares dispersos, algunos integrados en esencia por delincuentes que actúan en misiones de diversa índole. El chavismo los financia con fondos de la nación, pero sin que nadie sepa cuál es la procedencia de esos recursos. Su naturaleza ilegal los convierte en un arma al servicio de la “revolución socialista”.

Maduro, tras el colapso eléctrico que sufrió el país en marzo y que aún padece, llamó a la “resistencia activa”. Los remitentes de este mensaje, enviado el 11 de marzo, fueron entre otros las “cuadrillas de paz“. Este es el nombre que reciben algunas organizaciones comunitarias así como los grupos de civiles armados que atacan las acciones de protesta de la oposición a la “revolución bolivariana”.

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La socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, con Máster en Estudios Contemporáneos de América, Cristabel Cartaya, asegura que no se debe dejar pasar por alto los 20 años de existencia que tienen esos movimientos y su verdadero origen.

“Los colectivos nacieron con el chavismo. En principio sus nombres fueron muy tímidos con como los círculos bolivarianos. Es importante recordar que nacieron de la mano de Hugo Chávez por ello hay que verlos como lo que son una fuerza de choque heterogénea conformada por diversos grupos, unos con características que se escudan en la institucionalización ( como por ejemplo los Tupamaros, quienes son reconocidos como partido político) y los que se mueven en un ámbito mucho más irregular”.

Explica que estos grupos no necesariamente son una “fuerza paramilitar estricta”. “Todos los que le componen tienen en común que nacieron de la economía rentista del Estado; son dotados de armas y material bélico por parte de militares y hasta carteles”.

Asegura que quienes conforman estas “fuerzas” forman parte, en su mayoría, de la seguridad de personeros del chavismo. “Quienes les integran buscan en esencia dinero, armas y poder. Debemos entender que los que hoy manejan el poder convirtieron este proceso en un fenómeno natural cuando no lo es”.

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Para Cartaya estos “carteles” no son más que “aquellos que trabajan a sueldo, mercenarios dispuestos a realizar cualquier acto que coincida ideológicamente con el régimen”.

Insite en que Maduro tiene un serio problema de legitimidad por lo tanto “enfrentar a los colectivos sería un costo político importante. Por ello mantiene sus alianzas”.

Desde su punto de vista Cartaya manifiesta que los constantes llamado de Maduro a permanecer en las calles los convierte en “instrumento clave para lavarle la cara al Estado”.

“En el sentido estricto las acciones de esos grupos no estarían violando Derechos Humanos, ya que, el Estado se justifica bajo el hecho de que se trataría de enfrentamientos entre civiles con diversas tendencias lo que lo llevaría a ser delitos penales entre grupos en conflicto”, destaca.

Neutralizar esas fuerzas

La especialista destaca que neutralizar a esas fuerzas, una vez que se de la transición del régimen  madurista, será un proceso largo y no necesariamente se dará en los términos que la mayoría de la población estima.

“Cuando el gobierno de Maduro finalmente llegue a su fin probablemente se neutralizarán algunos colectivos pero está claro que no a todos, en algunos casos es probable que se acentúe, sobretodo los que no pretenden rendirles cuentas al gobierno seguirán presentes”.

Insiste que será necesario e inminente realizar un ejercicio real de perdón aunque suene un hecho utópico. “Siempre existirá el riesgo de que estos actores permanezcan en la sociedad y se de una asimiliación de estos perfiles a nivel social. Ante ello hay que manejar esto desde dos aristas la primera es mediar y negociar con los grupos que apuestan a la negociación democrática y en segundo lugar establecer una política pública de seguridad agresiva contra los carteles”.

Manifiesta que este fenómeno merece un analísis que permita crear medidas públicas efectivas. “La violencia es un gran problema por ello debemos evitar las miradas simples es parte del desafío”.

“Tenemos que llegar a la acción con el reconocimiento real de este problema, dejar a un lado la debilidad de las instituciones corruptas para lograr la tan ansiada justicia transaccional”, detalla.

Hechos más recientes

El domingo 31 de marzo, colectivos y funcionarios de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) reprimieron las protestas que se llevaron a cabo en todo el país, hasta en los alrededores del palacio de Miraflores en Caracas.

Estos grupos armados, dedicados a amenazar, hostigar y disparar a quienes protesten contra el régimen chavista, por lo general portan armas cortas y largas, y usan objetos contundentes para golpear a los manifestantes, tal y como han sido documentados.

Su función de control social se ha encargado de infundir miedo a fin de controlar a la población para que no se rebele.

Bajo el resguardo de los cuerpos policiales pues pueden disparar con la tranquilidad de que no serán sancionados.

“Colectivos paramilitares al servicio de la dictadura de nuevo reprimen las protestas de los sectores populares. Cumplen la orden de Maduro de reprimir las protestas sociales por derechos. El FAES y los colectivos son la combinación de Maduro y su cúpula contra los pobres”, denunció Provea en esa fecha a través de sus redes sociales.

De igual forma el simulacro de la llamada “Operación Libertad” fue  atacado por funcionarios y grupos oficialistas en varios estados, donde los opositores acataron la convocatoria de la Asamblea Nacional para exigir una restitución de los servicios básicos afectados por el colapso al que se han visto sometidos.

Los ataques fueron encabezados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Maracaibo (Zulia) y San Felipe (Yaracuy). Mientras que en Yaracuy y Miranda quienes atacaron a los manifestantes fueron los llamados colectivos armados, quienes usaron pistolas y revólveres para reprimir la movilización.

“Organizaciones terroristas”

Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos designado por Juan Guaidó, sostuvo un encuentro recientemente con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU, donde se abordó la declaratoria de los “colectivos” como organizaciones “terroristas”.

Vecchio manifestó que la mencionada reunión sirvió para conversar sobre las acciones posibles que permitan que se avance en el “cese de la usurpación” del régimen de Maduro.

El diplomático venezolano aprovechó el encuentro para pedirle a Pelosi y a los congresistas Albio Sires, Debbie Wasserman y Debbie Mucarsel, que se denomine como “organizaciones terroristas” a los grupos paramilitares armados, que son constantemente llamados como “colectivos”.

“El régimen criminal no tiene apoyo del pueblo venezolano y al dictador solo le queda la violencia para tratar de generar miedo e impedir el cese de la usurpación. Para ello usa grupos paramilitares armados llamados colectivos, a quienes convoca públicamente a actuar contra los venezolanos de bien”, comentó Vecchio.

“Esta situación no puede continuar, necesitamos avanzar en nuevas y contundentes acciones que asfixien aún más al régimen y logren el cese de la usurpación y la salida del dictador; pedimos el apoyo el apoyo de las instituciones del mundo para salvar los millones de vidas que hoy están en peligro”, agregó.

Posición de EE.UU. frente a los colectivos

Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó que los colectivos armados afines al régimen de Maduro son un organismo terrorista en Venezuela.

“Los colectivos sí son un organismo terrorista, están en la calle asesinando y torturando (…) tienen que ser designados de esa manera“, comentó.

“Los colectivos enseñan que el régimen de Nicolás Maduro es un narco-estado, esos grupos van a ser juzgados ante las cortes internacionales. Algún día tendrán que presentarse ante las cortes internacionales y pagar por sus delitos”, agregó.

Hablan las ONG

Inti Rodríguez, miembro de una ONG defensora de los derechos humanos Provea, aseguró que los llamados de Nicolás Maduro en 2019 ha ocasionado un incremento en la represión de civiles a manifestaciones o a eventos relacionados con la oposición venezolana.

“En labores de represión de manifestaciones, los colectivos armados detienen a personas junto a funcionarios policiales o militares (…) Está claro que se ha acatado el llamado desde el gobierno de turno a esas agrupaciones para actuar contra las manifestaciones que adversan a Maduro y todo lo que él representa”.

Según los datos que maneja Provea documentó que en lo que va de 2019 fueron asesinadas 50 personas, solo en contextos de protestas. Dentro de los cuales al menos 14 murieron presuntamente como parte del accionar de “civiles armados” asociados a los grupos irregulares.

Además, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) reportó en 2014 que de las 43 muertes en manifestaciones, ocho se produjeron presuntamente por miembros de los “colectivos”.

Con información de Rafael Arias / Diario El Tiempo

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