El anuncio presidencial de incrementar el salario mínimo a 1.800 bolívares soberanos ha puesto en emergencia a buena parte del país, en particular a los condominios que contratan fundamentalmente personal de vigilancia y conserjería. Sin embargo, las propuestas para lograr una salida a corto plazo han generado una polémica entre las organizaciones vinculadas al sector.
Elías Santana, coordinador general de MiCondominio.com, emplazó al gobierno a que pague los aumentos a los trabajadores residenciales y de seguridad, posición que no comparte Rafael Ángel Viso, presidente de Pro Condominios.
“Es la peor crisis en los casi 60 años de existencia de las juntas de condominio en Venezuela”, afirmó Santana en nota publicada por El Nacional.
“La hiperinflación, la megadevaluación y ahora los anuncios de los incrementos salariales y la probabilidad de que también aumente el bono de alimentación, ponen en entredicho la posibilidad de sobrevivir de los condominios”, añadió.
Propuso gestionar condiciones especiales para las comunidades: “Emplazamos al Ejecutivo para que los 135.000 condominios que existen en el país, de casas y apartamentos, sean incorporados en el plan de subsidio del salario mínimo por tres meses”.
Todos tienen registro de información fiscal, declaran al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y están inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). “Utilizaríamos ese tiempo para desarrollar otras estrategias que nos permitan sobrevivir económicamente en esta crisis”, añadió.
Empresas de vigilancia y seguridad, de ascensores, puertas eléctricas y administración de inmuebles, indicó, han informado que los montos presupuestados o contratos suscritos quedan sin efecto y algunas ya notificaron el cese de sus operaciones y la liquidación de su personal antes de que finalice el mes: “Eso pone a las comunidades en una gravísima circunstancia”, dijo.
Rafael Ángel Viso cree que la propuesta es inconveniente: “Apelar al gobierno para que se meta en nuestra propiedad privada, para que inspeccione, darle cabida de alguna manera a cualquier tipo de presión o chantaje no tiene ningún sentido. Es una propuesta poco meditada, por decir lo menos… Pretender que el gobierno asuma la nómina de todos los empleados y conserjes de los edificios es algo descabellado. Es impertinente pretender que quien ha generado problemas en este país vaya a resolverlos en los condominios, que tantas necesidades tenemos”.
Advirtió que el Ejecutivo puede utilizar el pago a los conserjes para chantajearlos y obtener información confidencial sobre los inmuebles o quienes viven allí: “Eso generaría más desasosiego”.
La propuesta, aseguró, vulnera los ya precarios derechos de los propietarios. “No todo se reduce al pago de un conserje o de empleados, todos los venezolanos somos víctimas de una situación en la que no podemos apelar al victimario, a quien nos está poniendo contra la pared. Todas las juntas de condominio deben unirse para defender lo que tantos años de sacrificio les ha costado. Hay que mantener la autonomía, la dignidad, la moral y en todo caso hablar con los conserjes y los propietarios porque el problema es de todos”, recalcó.
