Ayer el presidente Nicolás Maduro solicitó ante la llamada Asamblea Nacional Constituyente la acreditación «fiscales comuneros» para «hacer respetar los precios» de productos y servicios.
El mandatario no dio detalles sobre cuáles serían las competencias de esta figura, más allá de que estarán adscritos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sin embargo, lo poco que esbozó hace presumir que se tratará de algo parecido a los «inspectores populares» que ocasionalmente empleó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) para imponer los precios regulados de forma local. Estas son personas que voluntariamente se ofrecen para ir a comercios en su zona y verificar que los bienes son ofrecidos al precio establecido por el Gobierno.
El anuncio presidencial generó preocupación. Autoridades del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) dijeron al diario 2001 que podría haber arbitrariedades en el desempeño de los fiscales comuneros por ser personas sin la preparación adecuada.
Tales temores se ven reflejados en la experiencia con los inspectores populares. En varias oportunidades propietarios y administradores de locales denunciaron prácticas incorrectas y abusos por parte de los voluntarios de la Sundde. En enero de 2016, por ejemplo, un grupo de inspectores populares fue detenido por extorsionar a un comerciante. Le exigían dinero a cambio de no sancionarlo.
La experiencia chilena
El hecho de que los fiscales comuneros provengan de los CLAP recuerda las actividades de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP) en Chile. Estas eran asociaciones de vecinos encargadas por el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) para lidiar con la severa escasez de productos de primera necesidad (generada en buena medida por las políticas socialistas del propio Gobierno) racionando los bienes que llegaran a comercios. También debían verificar que los negocios no «especularan» con los precios.
Las JAP a menudo fueron denunciadas por incurrir en abusos tanto contra los comerciantes como contra los consumidores. Incluso hubo reportes de discriminación política: se acusó a las juntas de dar prioridad a vecinos identificados con el Gobierno en el acceso a bienes.
Al final, las JAP no sirvieron para aumentar la oferta de productos. Tampoco lograron frenar la inflación galopante. Fueron eliminadas inmediatamente después del golpe de Estado contra Allende.
