Exportadores venezolanos expresan su incertudumbre ante restricciones impuestas por el Gobierno

El año 2018 inició con tres limitaciones para exportar, situación que genera gran desconfianza en el mercado.

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La Asociación Venezolana de Exportadores mantienen su preocupación ante la suspensión del transporte aéreo y marítimo a Aruba, Curazao y Bonaire, así como otras medidas tomadas por el Gobierno Nacional que afectan las Exportaciones No Petroleras.

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Aseguran que el año 2018 inició con tres restricciones para exportar, situación que genera gran desconfianza en el mercado.

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A continuación en detalle el comunicado con una exposición de las medidas aplicadas por el gobierno venezolano:

1) La suspensión del transporte marítimo y aéreo a las islas de Aruba, Curazao y Bonaire que afectan todas las exportaciones legales de productos no petroleros hacia esos países.

2) La suspensión de las exportaciones a las empresas del sector agroalimentario que no tengan una certificación de venta de divisas al BCV emitida por la Vice-Presidencia del área Económica, establecido en el Gaceta Oficial N° 41.324 del 19 de enero 2018.

3) La prohibición de exportación de desechos metálicos sin que exista una identificación por numeral arancelario de los productos afectados, conforme a la Gaceta Oficial N°2.795 del 30 de marzo 2017.

Estas decisiones convierten a las empresas exportadoras venezolanos en proveedores no confiables en el mercado internacional y por tanto susceptible de ser sustituido por otro proveedor. Ser un proveedor confiable es una condición indispensable para mantenerse en el tiempo en los mercados externos.

Ante estos hechos, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a objeto de que reconsidere:

1) Revocar la medida de suspender el transporte marítimo y aéreo a las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. En razón de que se está afectando el comercio legal realizado por un conjunto de empresas que con mucho esfuerzo y dedicación han venido trabajando en la búsqueda de colocar productos hechos en Venezuela en esos países, entre otras razones acogiéndose al planteamiento del Gobierno Nacional de diversificar las exportaciones para que cada empresa genere sus requerimientos en dólares y cubrir el costo importado de su
producción, contribuyendo a fortalecer el sector externo de la economía ante la caída de los ingresos petroleros.

2) Revocar la medida que prohíbe de exportación de los productos del sector agroalimentario de las empresas que no tengan una certificación de ventas de divisas al Banco Central de Venezuela BCV, emitida por la VicePresidencia del área Económica. Ante esta medida, el comprobante de cumplimiento de la normativa cambiaria para exportar lo emite el BCV y da constancia de que se ha cumplido con lo establecido en el C.C N°34 del 23 de febrero 2017. Esta nueva certificación de venta de divisas ante la Vicepresidencia Sectorial de Economía se ha convertido en un requisito adicional para exportar; Esta medida afecta a los exportadores y nuevos exportadores del sector agroalimentario, ya que no se identifican los productos por códigos arancelarios sujetos a la prohibición. De la misma manera para dictar esta prohibición no se consideraron las excepciones para declarar las divisas que son las siguientes:

1. Las exportaciones menores a US$ 10.000 que no se declaran ante el BCV (Ley de régimen cambiario y sus ilícitos);

2. Las empresas que se acogieron al régimen de compensación de importaciones Vs. el compromiso de ventas de divisas ante el BCV, (Establecido en Convenio cambiario 34 de septiembre 2016) y sin repuesta hasta la fecha y

3. Las empresas que tienen programas de financiamiento con Bancoex. Finalmente, a la hora de hacer la declaración y venta de divisas las empresas presentan los siguientes problemas: dificultad de acceso a las plataformas tecnológicas de CENCOEX y BCV durante gran parte del 2017; e imposibilidad de hacer operaciones a través de bancos corresponsales norteamericanos para efectuar la venta de divisas al BCV.

3) Reglamentar la prohibición de exportaciones de desechos sólidos metálicos establecido en el Decreto 2.795 del 30 de marzo 2017, a objeto de identificar exactamente los productos afectados con esta prohibición. En la actualidad la discrecionalidad permite a los funcionarios en las aduanas interrumpir o no dejar salir cualquier exportación de productos metálicos terminados argumentando que el origen de las materias primas es desechos
sólidos. Además, se restringió la movilización interna de estos desechos, y quedo pendiente la emisión de una normativa sectorial que permitiera a las empresas cumplir exitosamente sus procesos de encademiento productivo.

Las exportaciones es una de las pocas alternativas que tienes las empresas venezolanas para enfrentar con éxito la grave crisis económica que afecta al país caracterizada por la contracción de la producción de bienes y servicios y del mercado interno, ante una perdida brutal del poder adquisitivo de la población generada por una hiperinflación que no se detiene.

El año 2017 el sector exportador reporto un crecimiento de las exportaciones del 30% con relación al 2016, estimándose que llegaron a unos US$ 3.000 millones, cambiando la tendencia negativa de años anteriores, gracias a un esfuerzo de exportaciones de las empresas, así como también a modificaciones en la legislación cambiaria del sector que actualmente administra el 80% de las divisas que se generan para cubrir el componente
importado de las empresas. Esta tendencia de crecimiento puede ser afectada negativamente por estas medidas tomadas por el Gobierno Nacional.

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