El abastecimiento de alimentos, así sea poco, se mantiene en entredicho luego de que el Gobierno nacional estallara en señalamientos y amenazas contra el sector privado dedicado a la producción y distribución de comida.
El viernes pasado, representantes del gremio de supermercados y abastos se reunieron con autoridades de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). En el encuentro se acordó que las cadenas podrían volver a vender con precios que les permitan cubrir sus costos operativos, luego de las rebajas impuestas en los primeros días del año, que dejaron los anaqueles vacíos en un dos por tres. Con esto, los comerciantes podrían razonablemente reanudar los pedidos a sus proveedores. Un alivio para los angustiados clientes.
Sin embargo, en menos de una semana el Gobierno decidió volver a apretar las tuercas al empresariado, aunque esta vez con énfasis en un eslabón anterior en la cadena de distribución. Este lunes, durante la presentación de su Memoria y Cuenta ante la «asamblea nacional constituyente», el presidente Nicolás Maduro acusó a las industrias del sector de subir los precios «de forma arbitraria». «Llegó la hora de aplicar la Ley de Precios Acordados para proteger el ingreso de las familias venezolanas frente a la especulación e inflación inducida. Vamos a tener al costo que sea un victoria económica a la guerra de precios”, dijo. Instruyó al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, programar de inmediato una reunión con los empresarios de las industrias alimentarias.
El cumplimiento de la orden no se hizo esperar. Ayer fue el encuentro. Frente a las cámaras de las televisoras del Estado, El Aissami reclamó a los empresarios por lo que tildó de «aumento brutal, criminal e injustificable». Acto seguido les exigió que regresaran a los montos de diciembre, so pena de «aplicarles todo el peso de la ley» si no acatan.
Sin embargo, los mismos problemas que afectan al resto de la economía nacional se hacen presentes en las industrias de alimentos. Por ejemplo, la severa escasez de divisas monopolizadas por el Estado es un escollo serio para la importación de materia prima y otros insumos esenciales. Quienes no reciben el dólar a Bs 10 se ven obligados a recurrir al mercado paralelo, en el cual las divisas han tenido un aumento sin precedentes desde el año pasado.
Endurecer los controles en el contexto de una economía que ya acumula al menos dos meses de hiperinflación muy probablemente limitará de forma considerable la capacidad productiva de las empresas. Tal vez los comercios podrán retomar sus pedidos a sus proveedores, pero cuando los contacten se conseguirán con un «No hay» como respuesta. A fin de cuentas, es la misma réplica que dan los expendios de alimentos a los consumidores luego de las fiscalizaciones de la Sundde.
