Venezuela, el país de la doble institucionalidad y la múltiple referencia cambiaria

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La crisis política y económica que embarga a Venezuela desde hace varios años ha producido una situación de duplicidad entre las instituciones, un juego de reconocimientos y desconocimientos en el que los ciudadanos atribuyen o no legitimidad a diferentes entes, y deciden bajo cuáles reglas desenvolverse.

El Gobierno, junto con sus poderes públicos adictos y seguidores, prácticamente se comportan como si la Asamblea Nacional no existiera desde enero de 2016, cuando una oposición victoriosa se hizo con el control de la institución. Todas las funciones de la cámara han sido usurpadas y entregadas a otras instituciones. El chavismo ha podido avanzar en esta dirección sin pagar mayores costos, excepto en un punto: las negociaciones para el pago de la deuda externa. Una comunidad internacional democrática alarmada por la deriva autoritaria en el país ha cerrado múltiples opciones para que el Gobierno se ponga de acuerdo con sus acreedores, y se rehúsa a abrirlos de nuevo hasta que haya muestras claras de regreso al orden constitucional.

Por otro lado, el oficialismo ha establecido una «asamblea nacional constituyente» que más de siete millones de venezolanos adelantaron que desconocerían en la consulta popular del pasado 16 de julio. Buena parte de los Estados democráticos del mundo tampoco reconocen la ANC. Sin embargo, la entidad está ahí, actuando de facto y hasta legislando, sin escatimar en advertencias de que castigará a quien no acate sus órdenes.

Mientras, ante la sede de la Organización de Estados Americanos, en Washigton (EE.UU.), se ha formado un Tribunal Supremo de Justicia con los magistrados designados por la AN. Esta instancia no es reconocida por ninguno de los poderes públicos venezolanos (menos el Legislativo), que insisten en que solo tiene vigencia el TSJ original, en Caracas. La corte en el exilio ha emitido sentencias declarando nula la elección para la ANC y ordenando la apertura de un canal humanitario de comida y medicamentos, pero no ha tenido capacidad real para concretar estas decisiones.

Sectores de la oposición exigen que la AN nombre igualmente nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, así estos operen desde el exilio. Sostienen que solo entonces, por convocatoria de dichos rectores, se podría participar en elecciones justas. Sin embargo, no han aclarado cómo desde el exterior se podrá organizar unos comicios en Venezuela.

Por si todo esto fuera poco, los venezolanos tienen que lidiar con un tipo de cambio que, como el TSJ en el exilio, el Gobierno criminaliza e insiste en que es ilegítimo. Sin embargo, desde hace meses no hay ninguna alternativa al mercado paralelo. El sistema de Divisas Complementarias (Dicom) está cerrado desde agosto. Solo queda la tasa oficial de Bs 10 por dólar, restringida a la importación de bienes de primera necesidad por el propio Estado. Para la enorme mayoría excluida, solo está el mercado negro.