El Presidente, Nicolás Maduro encomendó al Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami dirigir la comisión de refinanciamiento de la deuda soberana y de Pdvsa. Ante esta designación, surge la pregunta: ¿puede un funcionario sancionado por los Estados Unidos de América, ser un interlocutor válido con los tenedores de bonos que en su mayoría concentran operaciones en ese país?
“La gran mayoría de tenedores saben las consecuencias que tiene reunirse con una persona que está sancionada” dijo el diputado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán al ser interpelado por la viabilidad del encuentro anunciado para el próximo lunes 13 de noviembre. Además, añadió otros elementos que a su juicio hacen que no haya interés en el mercado internacional por ese encuentro “esta no es una reunión transparente y no hay muestra por parte del Ejecutivo de cambiar el sistema económico, nosotros desde hace más de un año tenemos las puertas abiertas para recibir una ley de Endeudamiento donde se proponga un refinanciamiento y un reperfilamiento de la deuda”.
Para los diputados a la AN el anuncio gubernamental de la renegociación solo buscó generar la caída abrupta de los precios de los bonos para que sus aliados como fondos de inversiones y “enchufados” pudieran comprar deuda barata.
Del otro lado en la Asamblea Nacional Constituyente se elabora otra historia sobre este tema. El Constituyentista Gerson Hernández, destaca que el anuncio del Jefe de Estado busca recuperar el aliento perdido ante la guerra económica nacional e internacional “eso pasa hasta en las mejores familias, el gobierno no ha dejado de pagar, el hecho de reestructurar es una política acertada… lo importante es llamar a los tenedores de bonos a fin de diseñar un nuevo mecanismo de pago bajo consideraciones especiales ya que tenemos problemas de flujo de caja”. Esperan que a través de la reestructuración puedan liberarse recursos para invertir en sectores claves como la infraestructura y el fortalecimiento de la producción nacional.
De no lograrse mejores condiciones el gobierno se enfrenta a un servicio de la deuda de 8 mil millones de dólares para el año 2018, lo que significa un peso muy importante desde el presupuesto nacional.
La falta de confianza en el país y su capacidad de pago pone a la defensiva a los inversionistas internacionales. Guzmán insiste en que el problema fundamental a resolver es el flujo de caja “el problema no era los bancos corresponsales, es que no tenían la caja, tuvieron que vender oro, tuvieron que cesar en pagos de swap de oro para vender y que el saldo ingresara a la República, están quemado activos, alquilando refinerías; es decir la realidad es que no hay recursos, no hay plata. Además han quemado las reservas, solo el viernes pasado las reservas bajaron 500 millones de dólares que se necesitaban para poder pagar el Pdvsa 17”.
Para el mes de Enero la prestigiosa firma Ecoanalítica señalaba que “en un escenario de USD 40 promedio para la cesta venezolana, quedaría una brecha superior a 5.000 millones de dólares a la que no se encuentra una fuente clara de financiamiento. No obstante, el Gobierno a través de una combinación de venta más agresiva de activos externos, firma de convenios, nueva emisión de bonos, China, Rusia, etc. podría cerrar esa brecha, llegando a una situación totalmente vulnerable para el 2018, año de elecciones presidenciales”.
Cifras oficiales indican que en lo que va de año el petróleo ha estado ligeramente por encima de los 40 dólares, cercana a la proyección realizada por Ecoanalítica.
