El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció el inicio de un proceso para que la región española se convierta en un Estado independiente y una República. Sin embargo, acto seguido pidió al Parlament (legislatura catalana) que «suspenda el efecto de la declaración de independencia para emprender un diálogo para llegar a una solución acordada» con las autoridades de Madrid.
Durante una comparecencia ante el Parlament esperada desde la semana pasada, Puigdemont dijo que «asume el mandato el pueblo». Esto en referencia al referéndum del 23 de septiembre, en el que más 90% de los catalanes que participó aprobó la separación de Cataluña y el resto de España (aunque se estima que menos de la mitad de los convocados concurrió a las urnas). El Gobierno español ha denunciado que el referéndum viola la Constitución del país y que por lo tanto no tendrá efectos legales.
Puigdemont instó a que en las próximas semanas inicie un diálogo nacional e internacional para solucionar la crisis política que sacude España. Denunció la «oposición radical» de Madrid a la voluntad de independencia catalana y rechazó nuevamente la represión policial de ciudadanos que intentaron votar en el referéndum, con un salto de cientos de heridos. Condenó las acciones legales tomadas por el Gobierno español contra los dirigentes independentistas y aseguró que estos «no son unos delincuentes».
La tensión en Cataluña ha afectado severamente la economía de la región, que es la más rica de España: varias de las más grandes empresas locales (incluyendo al influyente CaixaBank) se han mudado a otras entidades político administrativas del reino o anunciado que lo harán de concretarse la independencia. Puigdemont descartó en su discurso que esto tenga efectos nocivos importantes en la economía catalana.
Hasta ahora, ningún Estado soberano ha proclamado su intención de reconocer la separación de Cataluña. Las naciones de la Unión Europea han enfatizado que se trata de un problema interno de España.
