La cuenta final que Odebrecht deberá pagarle al estado argentino por sus sobornos será multimillonaria, y podría superar con creces los $ 4500 millones de pesos, según el diario en La Nación (Argentina).
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La cifra se basa en los montos que la propia Odebrecht reconoció al admitir su responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos. Allí detalló que pagó US$ 35 millones en coimas a funcionarios argentinos, pero también indicó que gracias a esos sobornos obtuvo beneficios por unos US$ 278 millones, que al tipo de cambio vigente equivalen a unos $ 4500 millones: casi ocho veces más que el monto que la empresa brasileña ofreció abonar a las autoridades argentinas y que desde la Procuración del Tesoro consideran el “piso mínimo” de resarcimiento.
Las leyes y decretos nacionales vigentes representan un cerrojo a las pretensiones de Odebrecht, que en Brasil y en Estados Unidos contó con una herramienta legal que aquí aún no existe: la posibilidad de negociar con las autoridades judiciales o administrativas.
Por ese motivo, Odebrecht chocó en Buenos Aires con una pared. Planteó que quiere abonar una multa por US$ 35 millones -unos $ 560 millones al tipo de cambio vigente- y retrucó con que si le reclaman más, puede optar por cerrar sus puertas en la Argentina.
“No tenemos activos en el país para afrontar esa cifra”, desafiaron desde la compañía. Más aún, también adelantaron que pretenden continuar con el soterramiento del Sarmiento, y competir por nuevas licitaciones.
Sin embargo, la respuesta que Odebrecht cosechó fue magra o nula. Así fue tanto desde la Procuración del Tesoro y la Oficina Anticorrupción, como desde el Ministerio Público Fiscal, donde los fiscales Federico Delgado y Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, son sus principales interlocutores.
¿Por qué? Porque la legislación argentina reduce al mínimo los márgenes de negociación. Y según todos los expertos consultados por LA NACION, cualquier reforma legal que apruebe el Congreso o decreto que firme el presidente Mauricio Macri no podrá beneficiar a Odebrecht de manera particular ni tampoco de forma retroactiva -salvo en materia penal- o correrá el riesgo inmediato de ser declarada inconstitucional.
Ese cerrojo legal complicó, a su vez, el acceso de los fiscales y jueces argentinos a los datos que aún controla Odebrecht o la Justicia brasileña sobre quiénes embolsaron esas coimas por US$ 35 millones, por lo que expertos dentro y fuera del Gobierno analizan opciones que permitan sortear los obstáculos normativos. Desde firmar algún tipo de “carta de intención” hasta la aprobación de una ley de derecho administrativo que incluya alguna “cláusula transitoria” hasta intentar una convalidación judicial especial.
¿Cómo se conforma ese cerrojo? Por la ley 19.549 de procedimientos administrativos y los decretos 1023/01 y 1030/16 que determinan que un acto administrativo -como el otorgamiento de un contrato de obra pública- debe ser revocado cuando el beneficiario lo obtuvo mediante un proceso viciado de nulidad -como el pago de sobornos- y ese beneficiario quedará, además, inhabilitado para disputar nuevas licitaciones públicas.
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