Nuevamente opositores fueron reprimidos por los cuerpos policiales del Gobierno

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Miles de opositores venezolanos se manifestaban este sábado en Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro, en su cuarta protesta en una semana, que degeneró nuevamente en choques con la policía.

Los enfrentamientos se iniciaron cuando los manifestantes decidieron a última hora dirigirse hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro, bastión del chavismo y donde se ubican las sedes de los podres públicos.

A la altura del sector La Campiña se toparon con un piquete policial que lanzaba bombas lacrimógenas, según periodistas de la AFP en lugar.

Un reducido grupo de jóvenes con el rostro cubierto respondió con piedras, mientras el grueso de la marcha aguardaba detrás de ellos.

Originalmente los opositores se concentraron en una calle del este capitalino, pero el excandidato presidencial Henrique Capriles los convocó a dirigirse hacia la Defensoría del Pueblo, que esta semana frenó la posibilidad de que el Parlamento de mayoría opositora destituyera a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Nos recibieron con gases y perdigones (balas de goma). Insisten en ponerse del lado de la dictadura, pero vamos a seguir adelante», dijo el diputado opositor Juan Andrés Mejía.

La marcha ha estado marcada por el rechazo a una decisión que bloquea la candidatura de Capriles a las presidenciales de 2018.

Portando retratos del dirigente y figura emblemática de la oposición, los manifestantes acusaron una vez más a Maduro de encabezar una «dictadura» que tiene sumida a Venezuela en la «miseria».

«Esto que acaban de hacer con Capriles es producto de una tiranía. Esta gente hace lo que le da la gana», dijo a la AFP Adel Rincones, exatleta de 61 años.

Vestido con un uniforme deportivo, Rincones llegó hasta Chacao (este) con una pancarta en la que se leía: «Venezuela está herida en el corazón, con hambre, miseria, corrupción, dictadura».

Capriles fue notificado el viernes por la Contraloría de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años, lo que le cierra el paso para postular por tercera vez a la presidencia.

La oposición acusa a ese organismo de servir al gobierno.

«No habrá descanso»

El líder opositor, un abogado de 44 años, apelará la sanción, que se le impuso por supuestas irregularidades administrativas como gobernador del estado Miranda (norte), cargo que ejerce desde 2008.

«El que ríe de último, ríe mejor! Nos veremos en las calles de Venezuela @nicolasmaduro No habrá descanso», prometió este sábado en Twitter.

Capriles ya había sido anunciado por su partido como precandidato para las primarias de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de cara a las presidenciales.

La concentración llegó a reunir unas 4.000 personas, entre ellas los principales dirigentes de la MUD, que pronunciaron fogosos discursos desde una tarima, acompañados por el coro: «¡libertad, libertad!» y «¡el pueblo arrecho (enfadado), reclama sus derechos!».

Es la cuarta manifestación opositora desde el pasado sábado, cuando cientos rechazaron dos fallos con los que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicó temporalmente los poderes del Parlamento -de mayoría opositora- y retiró la inmunidad a los diputados.

También hubo protestas el martes y el jueves, que sumaron reclamos como elecciones generales.

Las sentencias del TSJ fueron anuladas parcialmente tras un fuerte rechazo internacional y denuncias de la fiscal general Luisa Ortega, confesa chavista, de que constituían una «ruptura del orden constitucional», lo que abrió una fisura en el oficialismo.

Plan golpista 

El jueves, una concentración en la principal autopista de Caracas se desvió hacia el centro. La marcha fue detenida por la militarizada Guardia Nacional, desatándose choques que dejaron una veintena de heridos y 30 detenidos.

En la noche, un joven de 19 años fue asesinado de un balazo presuntamente disparado por un policía, durante una protesta en las afueras de Caracas.

Maduro denuncia las manifestaciones como un plan para «llenar las calles de sangre» e intentar derrocarlo.

El mandatario asegura que detrás de esa estrategia «golpista» se encuentran Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), que este semana declaró una «grave alteración del orden democrático» en Venezuela.

Maduro enfrenta una crisis económica que se agravó con la caída del precio del petróleo y que se caracteriza por la escasez de alimentos y medicinas y la inflación más alta del mundo, proyectada por el FMI en 1.660% para 2017.

El colapso minó la popularidad del gobernante, al punto que siete de cada diez venezolanos rechazan su gestión, según una reciente encuesta de la firma Venebarómetro.

Pero Maduro atribuye la crisis a una «guerra económica» de la oposición apoyada por Estados Unidos, que incluye un boicot para que el país con las mayores reservas petroleras del mundo no consiga financiamiento internacional.